Desde el año 1996, cuando se inicia el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) y cuyo mandato encabezó, el doctor Leonel Fernández, al cual se le acredita haber mantenido ciertos niveles de decencia en lo concerniente al ámbito de la corrupción, si mal no recuerdo, pero terminó con lo que fue la acusación contra un grupo de ex funcionario que fueron involucrado en el denominado Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), cuyo desfalco contra el Estado se presumía en unos (RD$1,438) millones de pesos.
Con el retorno del PLD a la jefatura de Estado en el 2004, y a través de lo que se denominó el Plan Renove, el cual fue un programa aplicado durante el gobierno de Hipólito Mejía, destinado a la importación de vehículos livianos y pesados, para ser usado en el transporte público de pasajeros y de cargas y de cuyo expediente se alegaba una malversación en perjuicio del Estado de (RD$1,800) millones de pesos.
En este expediente estuvieron involucrados, el empresario Antonio Marte, (actuar Senador por la Provincia de Santiago Rodriguez), Pedro Franco Badía, (fallecido), Fabio Ruiz Rosado, Síndico Ng de la Rosa, (ahora Síndico del Municipio de San Francisco de Macorís), Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) declarado prófugo, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, (quien se encuentra privado de libertad por la muerte del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet).
Estos han sido los procesos conocidos hasta el momento, no obstante lo mismo tienen una similitud que lo diferencia sustancialmente de los nuevos expedientes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader Corona, ha iniciado y se trata de que nunca hemos tenido un procurador con las características con que ha sido asumida por el nuevo gobierno, dándole independencia de ejecución y comprometiéndose con la modificación mediante leyes y la propia constitución para que el Estado obtenga forma de limitar la viabilidad de la corrupción administrativa.
No obstante previo a las medidas recién anunciadas por el gobierno, al recordar que en fecha 20 de octubre el poder ejecutivo procedió a la firma de un memorándum de entendimiento Interinstitucional con la Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción y la transparencia administrativa, mediante el cual se incrementarán los esfuerzos nacionales en la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia, lo que impulsará el proceso de la institucionalidad en el país.
Este acuerdo se fundamenta en la ratificación del país a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 26 de octubre de 2006, siendo el país signatario y estando comprometido con la aplicación de otras convenciones, instrumentos o mecanismos internacionales, como el Examen Periódico Universal.
Por lo tanto y para reforzar la tesis en la defensa de los bienes público, en su primeros 100 días, el gobierno ha proclamado además las siguientes iniciativas legales y administrativas, una propuesta de modificación de la Constitución, mediante la cual se instituya la creación del Procurador independiente y promover en la iniciativa constitucional el aumento de las consultas populares vía referendo.
Pero además se creará el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público que tendrá entre sus funciones promover una agenda de cambios legales, la cual estará integrada por las instituciones del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética, esta última encabezará la dirección del gabinete.
De igual manera se propondrá la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas y se aplicará la regulación de la ley sobre regulación salarial del Estado, la cual indexará los salarios en el sector público y de los funcionarios de rango superior y viabilizando una reforma institucional del Congreso a fin que se produzca la eliminación de los privilegios creado en ese poder del Estado.
Así mismo entre otras medidas que dio a conocer el presidente, se encuentran la contratación de abogados particulares para que puedan actuar como actores civiles, al tiempo que colaboran con el Ministerio Público, y que solicitarán indemnización por las malversaciones y robos en perjuicio del Estado Dominicano, al momento de que intervenga sentencia de condena a fin de recuperar los recursos sustraídos en los actos de corrupción y donde el Estado podrá exigir compensación económica por los daños y perjuicio ocasionados.
En el plan se contempla la puesta en vigencia de un sistema de alerta temprana que viabilice el monitoreo, en tiempo real, de los procesos de contrataciones públicas, disponiendo la realización de auditorías a todas las instituciones del Estado por lo menos anual, lo cual se dispondrá a través de una entidad que se creará con ese fin y se reforzará la existente con las modificaciones que se prevén en ese sentido.
También se procederá a modificar la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se interconecten al estándar interamericano con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática, en consonancia a esto de promoverá la creación de una Subdirección Antifraude, integrada a la Contraloría General de la República, para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno.
Con todas estas iniciativas se procurará al propio tiempo modificar la Ley 10-04 que organiza y estructura la Cámara de Cuentas, induciéndola al marco constitucional vigente y otorgándole mayor autonomía presupuestaria y de control, por igual se modificara la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República para afianzar mayor control interno a través de auditorías internas
Estos anuncios se hicieron aprovechando la conmemoración del día internacional contra la corrupción y de manera oportuna, el día anterior, la ciudadanía tenía conocimiento del primer caso de medida de coerción por corrupción que involucra a 11 personas de las cuales 7 tienen medida carcelaria y 3 arrestos domiciliarios y uno con presentación periódica ante la autoridad.