FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/negocios/2025/02/14/como-protegerse-de-fraudes-inmobiliarios-en-rd/2995430
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La reciente proliferación de fraudes inmobiliarios en la República Dominicana ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar el marco legal que regula las transacciones en el sector. La confianza de los ciudadanos en el mercado inmobiliario se ve gravemente afectada por estas prácticas fraudulentas, lo que exige una respuesta contundente desde el ámbito jurídico.
El Fideicomiso Inmobiliario como Mecanismo de Protección
Una de las herramientas legales más efectivas para salvaguardar a los inversionistas es el fideicomiso inmobiliario, regulado por la Ley No. 189-11 sobre Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso. Este instrumento garantiza que los fondos destinados a proyectos inmobiliarios sean administrados por una entidad fiduciaria independiente, asegurando así la correcta ejecución del proyecto y la protección del capital invertido. La implementación de fideicomisos no solo aporta transparencia, sino que también fortalece la confianza en las transacciones inmobiliarias.
Necesidad de una Legislación Específica para Regular los Servicios Inmobiliarios
A pesar de los avances, persiste la ausencia de una normativa específica que regule de manera integral los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje en el país. La falta de regulación clara facilita la actuación de intermediarios inescrupulosos que operan sin licencias ni formación adecuada, poniendo en riesgo a los compradores. En este sentido, la reintroducción en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca regular estos servicios es un paso en la dirección correcta. Esta propuesta legislativa pretende establecer requisitos de capacitación para los agentes inmobiliarios, crear un registro nacional supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y definir sanciones para quienes operen al margen de la ley.
Responsabilidad del Estado en la Prevención de Fraudes
El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a sus ciudadanos frente a prácticas fraudulentas. Esto implica no solo la promulgación de leyes adecuadas, sino también la implementación efectiva de mecanismos de supervisión y control. La creación de un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios y la exigencia de licencias oficiales para corredores y agentes son medidas que contribuirían significativamente a la transparencia y seguridad en el sector. Además, es fundamental que las autoridades judiciales actúen con celeridad ante denuncias de estafas inmobiliarias, imponiendo sanciones ejemplares que desincentiven estas prácticas delictivas.
Conclusión
La protección de los ciudadanos frente a fraudes inmobiliarios es una responsabilidad compartida entre el Estado, los profesionales del sector y la sociedad en general. Es imperativo que se fortalezcan los mecanismos legales y se promueva una cultura de transparencia y ética en las transacciones inmobiliarias. Solo a través de un marco jurídico robusto y una aplicación efectiva de la ley se podrá garantizar la confianza y seguridad que los dominicanos merecen al invertir en bienes raíces.