1. Contexto y hechos clave
- En fecha 12 de agosto de 2025, la DGCP declaró la nulidad de 25 adjudicaciones otorgadas en el proceso licitatorio número INABIE‑CCC‑LPN‑2024‑0012, convocado el 11 de septiembre de 2024, destinado a la confección y adquisición de zapatos escolares para los años escolares 2025‑2026 y 2026‑2027 (Listín Diario).
- El proceso recibió 172 ofertas y se adjudicaron 101 contratos, de los cuales 31 presentaron deficiencias que comprometían su validez jurídica (Listín Diario).
2. Violaciones legales identificadas
La investigación de oficio (res. RIC‑0106‑2025 INABIE) concluyó que el comité de compras incurrió en irregularidades que contravinieron los principios de transparencia, igualdad y libre competencia consagrados en la Ley 340‑06 y sus modificaciones (Listín Diario). Los principales hallazgos incluyen:
- Evaluaciones técnicas y económicas improcedentes: se habilitaron ofertas que no cumplían con los requisitos, incluso después del periodo de subsanación.
- Evaluadores no acreditados: técnicos del INABIE que no estaban formalmente designados actuaron como peritos.
- Visitas técnicas incompletas: faltaron evidencias como videos, e inspecciones quedaron a cargo de personas sin designación formal.
- Garantías de seriedad deficientes: se aceptaron pólizas que no eran irrevocables, incondicionales ni renovables, tal como exige la ley.
- Falta de documentación de criterios de puntuación: el método de adjudicación no fue publicado ni justificado.
- Documentación sospechosa y posibles prácticas anticompetitivas: se detectaron certificados falsificados o con indicios de falsedad y vínculos societarios entre oferentes (Listín Diario).
3. Medidas adoptadas y derivaciones legales
Como resultado de estas irregularidades:
- La DGCP ordenó reevaluar 11 ofertas y emitir los actos administrativos correspondientes para su readjudicación (Listín Diario).
- Se dispuso la identificación y sanción de los funcionarios responsables del debido proceso comprometido.
- Se inició el procedimiento de inhabilitación permanente de proveedores relacionados con falsificaciones documentales.
- Se remitió el expediente a autoridades como el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la PEPCA, la Comisión de Defensa de la Competencia (Procompetencia) y la DIGEIG, para que actúen conforme a sus competencias (Listín Diario).
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, reforzó la necesidad de defender los principios de transparencia, igualdad y competencia leal en los procesos de contratación pública (Listín Diario).
4. Relevancia jurídica y recomendaciones
4.1 Fortalecimiento del sistema de contrataciones públicas
Este caso evidencia deficiencias estructurales en los controles internos y protocolos de evaluación. Es vital garantizar que:
- Todo oferente sea evaluado con base en requisitos objetivos y documentados.
- Los evaluadores estén formalmente habilitados mediante nombramiento o acreditación.
- Las visitas técnicas estén respaldadas por evidencia clara (videos, informes, constancias).
- Las garantías presentadas cumplan con las exigencias legales.
- Se transparenten todos los criterios y metodologías de adjudicación.
4.2 Mejora de la institucionalidad y sanciones
- Las sanciones a funcionarios y proveedores deben ser proporcionales y ejemplarizantes.
- Los expedientes deben ser referidos a organismos competentes para asegurar rendición de cuentas.
- Se recomienda establecer protocolos de acción temprana ante irregularidades, incluyendo auditorías independientes.
4.3 Transparencia y participación ciudadana
- Implementar mecanismos de rendición de cuentas públicos, como publicación del proceso completo y sus resultados.
- Involucrar a veedurías ciudadanas o la sociedad civil en procesos sensibles.
- Educar sobre la importancia de la contratación ética y los mecanismos para denunciar irregularidades.
5. Conclusión y panorama legal
La anulación de 25 adjudicaciones del INABIE por parte de la DGCP refleja una acción oportuna del órgano rector, aunque señala profundas fallas institucionales que deben corregirse. Desde el marco legal, este caso refuerza la necesidad de aplicar criterios claros, sancionar prácticas indebidas y fortalecer los mecanismos de control, para asegurar que los recursos públicos se asignen conforme al interés general y no se vean comprometidos por procedimientos viciados. La transparencia y legalidad en la contratación pública no son solo herramientas administrativas: son pilares del Estado de Derecho.
Este análisis ofrece un paradigma legal sobre la situación expuesta por Listín Diario el 12 de agosto de 2025 (Listín Diario, Listín Diario). Si deseas profundizar en algún aspecto, como la normativa específica o procedimientos comparados, puedo ayudarte encantado.