Dr. Nicanor Rodríguez Tejada
El fenómeno vivido con el efímero proceso de la presentación del proceso de Modernización Fiscal oReforma Fiscal, y luego dejado sin efecto por el gobierno, ha creado distintas opiniones que ahora no se sabe cuál era la mejor opción ante una situación que provoco conflicto, pero que se destaca a la vez como una necesidad.
Lo anterior subsiste a partir que podamos evaluar la diversidad de opiniones, done su punto de coincidencia es reconocer que es necesaria la reforma, pero que al final el conflicto creado configuro una corriente de opinión que modifico todas las agendas nacionales y paso hacer la tendencia obligatoria del momento.
Sin embargo, posterior a excluir la discusión de la reforma dada la disposición del retiro, hecho que dio lugar a un discurso presidencial, si se quiere fuera de tiempo dada la necesidad de la coyuntura.
En cambio, este hecho ha marcado una corriente de criterios, que se podrían expresar en la siguiente frase, “el populismo modificó una necesidad de Estado”, no consensuada en el mejor de la presentación es lo que algunos sitúan como parte del mayor conflicto.
Para computar esas opiniones, específicamente del 24 de octubre, hare mención de una selección de trabajo presentado por la periodista Altagracia Salazar, de quien debemos reconocer fue la primera que anticipo lo ahora suscitado en disimiles criterios. Veamos.
Editorial del listín Diario, plantea que: “en un entorno marcado por tensiones políticas y conflictos intersectoriales, el país perdió, sin él, un eje crucial para la conciliación de sus controversias más urgentes.
El retiro del proyecto de “Modernización Fiscal” por el Presidente de la Republica fue un gesto de apertura y dialogo que muestra la importancia de escuchar las voces diferentes sectores de la sociedad antes de adoptar decisiones de tanto impacto”.
Teófilo Quico Tabar, actuar Administrador de la Lotería Nacional, por su parte plantea que: “Sin embargo,aunque aquí a todo se le da una connotación política, pienso que los partidos y los políticos, sin dejar de lado a los empresarios, desaprovecharon una gran oportunidad con el proyecto de modernización fiscal, subrayando que se sometió una propuesta para que este aspecto sea de difícil modificación”.
El Día, Columna Cuentas Claras, estableció que: “todos los sectores del país coinciden en la necesidad de una reforma fiscal, de la misma manera que coincidieron
pegando el grito al cielo cuando supieron lo que lestocaba a cada uno.
Ahora el Gobierno debería aprovechar la disponibilidad de la oposición y otros sectores que se han mostrado de acuerdo con dialogar para consensuar un pacto fiscal”.
Ramón Núñez Ramírez, Ingeniero y comentarista que: “la ciudadanía mostro su rechazo, ya que su aplicación reduciría las nuevas inversiones en turismo, construcción y parque de zonas Francas, penalizaría el ahorro provocando fuga de capitales o aumento de las tasas de interés y por vía del ITBIS impactaría sobre la clase media y los pobres, el rechazo fue a esa forma regresiva y no a una reforma fiscal integral necesaria para desmontar la deuda pública y general mayores recursos para obras prioritarias de inversión, salud y seguridad ciudadana.
José Luis Malkun, ex gobernador del Banco Central: “La reforma fiscal debe ser nuevamente enviada al Congreso después de un análisis más exhaustivo de su contenido y logrando un cierto consenso, porque consenso total jamás será posible. Nunca ha sucedido en ningún país del mundo”.
Benjamín Morales Meléndez, sub director del Diario Libre expreso que: “Era enero de 2009. Luis Fortuño asumía la gobernación de Puerto Rico y anunciaba una Ley de Emergencia Fiscal que prometía resolver los problemas fiscales de Puerto Rico, a la que llamó “medicina amarga”. Trató de echarla adelante, se armaron protestas violentas, su partido vio comprometida su integridad electoral y Fortuño se echó atrás, dejando aquello a medio camino. Acabó perdiendo las elecciones en el 2012 y pasó a la historia como el gobernador que más deuda pública acumuló, debido a los altos intereses”.
José Luis Taveras, Abogado, ensayista y articulista del Diario Libre, estableció que: “Hicimos como el avestruz, que creyó disipar las amenazas entrando su cabeza en el hoyo. Volvimos entonces al espejismo, aplazando el reto para luego encontrarlo más agravado. Exhalamos el aliento del condenado a muerte a quien le han prorrogado la ejecución de la pena”.
Magín J. Díaz, ex Director General de Impuestos Internos: “El monto de la reforma estimado por el Gobierno era de 1.5% del PIB o RD$ 122,500 millones. A pesar de que la propuesta generó mucho rechazo, la realidad es que, al menos en lo que pretendía recaudar, era una propuesta moderada. En 2021 el Gobierno intentó hacer una reforma mucho mayor, cercana al 2.5% del PIB”.
Marisol Vicens Bello, abogada, empresaria y gremialista empresarial, sostuvo que: “Para otros, que también lo habían solicitado y que apostaron a redituar capital político de la discusión de la reforma que ellos mismos habían admitido era necesaria, la rapidez y firmeza del retiro les cambió los planes, pues jugaron a deteriorar la imagen del presidente a cacerolazos limpios, y terminaron brindándole la ocasión de mostrar su capacidad de escuchar la voluntad del pueblo”.
Centro Juan XXIII, declaro que: «Todos los sectores han expresado voluntad y entendimiento de que debemos lograrla. Ahora bien, lo que al parecer no se escuchó es que hay que hacerlo desde lo consensuado, incluyendo primordialmente una readecuación real, no nominal, del gasto público y donde el combate contra todo aquel que evada la ley sea frontal”.
Participación Ciudadana, Institución no Gubernamental, plantea sobre el asunto que: «El plan sobre la reforma estaba tan claro que el Gobierno tomó algunas medidas para reducir el gasto público, fusionando algunos ministerios y entidades públicas y tomando algunas medidas dentro de un plan de austeridad, antes de someter su proyecto de reforma fiscal, pero es obvio que las medidas relacionadas con el gasto son insuficientes y restan legitimidad a los esfuerzos por mejorar los ingresos del Estado a través del aumento de los impuestos»
Claudio Acosta, Jefe de Redacción del periódico Hoy, escribió que: Una de las razones por las que el ciudadano de a pie rechaza, casi por reflejo, que lo castiguen con nuevos impuestos a través de una reforma fiscal o como quiera bautizarla el gobierno de turno, es la corrupción. Esa que nos acompaña desde los albores de la república, y que parece haber echado raíces profundas en una sociedad que aprendió a tolerarla.
César Pérez, Sociólogo, ex director del Depto. de Ciencia Política, UASD y catedrático universitario apunto que: “El retiro del Gobierno de su propuesta de reforma fiscal es políticamente correcto. Sin embargo, más que “ajustar los alcances de desarrollo”, lo que debería hacer la presente administración es abocarse a hacer la reforma moral e ideal a que apostó ese abanico de fuerzas políticas y sociales que por más de dos años se mantuvo en las calles demandando el fin de la impunidad y de los irritantes privilegios de sectores políticos y empresariales. En el imaginario colectivo es extendida la idea de que, en esencia, se mantienen esas dispensas restándole legitimidad al Gobierno, algo evidenciado en el contenido de las discusiones sobre la reforma en las vistas públicas en el Congreso”.
Como observamos la canalización de las ideas coinciden de una u otra manera en la necesidad de la reforma, sin embargo, este hecho ha estado pendiente desde el 25 de enero del 2012, cuando se aprobó la ley 1-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo con un tope al 2030.
En cuyo artículo 5 estableció como visión el siguiente criterio: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
Sobre este particular debemos precisar que esa ley ha sido la fórmula legal sobre la cual se apoyó el gobierno para llevar a cabo el proyecto de modificación fiscal y es la expresión en la cual se fundamentan las ideas expuestas precedentemente por los diferentes actores referidos.
En tal sentido dicha ley presenta un plan fundamentado en e cuatro ejes, los cuales deben impactar positivamente entre el 2012 y 2030, los cuales, deberán impulsarse a los fines de contribuir a un mejor afianzamiento social de estabilidad y progreso, no obstante, debemos precisar que ya este plazo ha consumido la 2/3 parte (66%) y todavía estamos vacilando con las mayorías de las normas previstas para lograr lo previsto, lo cual esa reforma es parte de esa dinámica inconclusa.